El Gobierno eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas

Política

De esta manera Javier Milei puso fin a un largo trabajo de más de tres décadas, que se sostuvo a lo largo de gobiernos de distinto color político, para construir un mapa nacional de comunidades indígenas.

El gobierno de Javier Milei sigue adelante en su camino de seguir negando derechos y desconocer históricas reivindicaciones. En esa línea el mandatario libertario eliminó este martes el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

De esta manera Milei puso fin a un largo trabajo de más de tres décadas, que se sostuvo a lo largo de gobiernos de distinto color político, para construir un mapa nacional de comunidades indígenas.

Así quedó plasmado en la Resolución 53/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj.

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Claudio Avruj

Claudio Avruj

Allí se dispone "abrogar la Resolución Nº 4811/96 de la ex – Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, de la cual dependía, por entonces, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I.)".

En el artículo 2 de la polémica medida establece además la "suspensión de todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I.), sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan".

Y cargó al responsabilidad de seguir adelante con ese registro, o no, a las provincias. En el artículo 3 de la escueta resolución, el gobierno libertario invita "a todas las Provincias de la República Argentina y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la celebración de acuerdos en orden a homogeneizar criterios para la inscripción, la adecuación y transferencias de las personerías jurídicas de las comunidades indígenas oportunamente registradas en jurisdicción nacional y/o provincial".

El Registro Nacional de Comunidades Indígenas fue creado durante el gobierno de Carlos Menem en cumplimiento de lo que estableció la Ley 23.302 sancionada en 1985 durante la gestión de Raúl Alfonsín, que “declaraba de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación”.

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