El Gobierno no descarta judicializar la Ley de Financiamiento Universitario
La medida se tomaría en caso de que el Congreso rechace el veto del presidente Javier Milei. La oposición pidió una sesión especial para tratar el tema la próxima semana.
Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2024
Tras la Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo ayer, el Gobierno anunció que analiza judicializar la Ley de Financiamiento Universitario en el caso de que el Congreso de la Nación rechace el veto del presidente Javier Milei.
La medida fue revelada este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, donde se refirió a la movilización, sentó la postura del Gobierno respecto a la universidad pública, pero remarcó la necesidad de auditar los establecimientos para esclarecer a dónde va el financiamiento estatal.
“El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho, todos los que pertenecemos a este Gobierno somos grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero”, expresó Adorni hoy, advirtiendo que “el aplicar algo donde no tenemos el dinero va a perjudicar a todos los argentinos y eso no lo vamos a permitir”.
En ese sentido, remarcó la postura respecto a que las universidades tienen que ser auditadas porque “la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y los contribuyentes merecen saber a dónde va su dinero, es algo de sentido común, no hay mucho más para para aclarar. Y eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás se estuvo ni se estará en contra porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos. Discutamos de dónde sacamos el dinero”.
El Gobierno analiza judicializar la Ley de Financiamiento Universitario
En caso de no conseguirlo en el Congreso apruebe el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, Adorni mencionó que existe la posibilidad de recurrir a la Justicia. La oposición pidió una sesión especial para tratar el tema en el recinto el miércoles 9 de octubre.
"No sabemos cuál va a ser el futuro del veto, de la ley, si se va a sostener o no. Por supuesto que apelamos que se cumpla con la ley que especifica cómo debe aumentarse una partida y, en ese caso, para nosotros la ley está viciada de incumplimientos de la norma. No sabemos cuál va a ser el camino a seguir, pero no hay nada descartado”, señaló el vocero.
Para luego detallar: "Nosotros no descartamos absolutamente nada y cumplimos siempre con la ley. La judicialización es una oportunidad como lo fue con el veto anterior. Es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad, es recurrir a la Justicia. No estoy diciendo que lo va hacer pero, ante la pregunta, es una posibilidad".
Previamente, Adorni detalló que "el impacto total del proyecto constituiría un total de 1 billón 1.060 pesos o sea 1,5 billones para hacer números redondos que, por supuesto, afectaría el equilibrio de las cuentas públicas”, lo que debería pagarse con emisión monetaria, endeudamiento o subir impuestos.
Por eso, “el lugar para discutir la partida existe y es el Presupuesto 2025, y el ámbito para discutirlo es el Congreso nacional”.
“El artículo 38 de la Ley 24.156, de Administración Financiera, y de los sistemas de control del Sector Público Nacional, exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, recordó el vocero presidencial al respecto. Asimismo, ”el Reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126 prevé que todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto no sea subsanada por los autores del mismo”.
Detallando datos del año 2022, Adorni enumeró que “había inscriptos 1.700.000 estudiantes de los cuales solo el 40,6% era alumno regular, o sea unos 710 mil; el 20% tenía una materia aprobada o ninguna, y hay un llamativo 38,4% por de alumnos que no se tiene información o sea que hay 671 mil alumnos y un poquito más que no se tiene información, así que nadie sabe si efectivamente son parte o no de la universidad".
"Nosotros apoyamos como nadie la universidad pública, pero apoyamos también la no demagogia y que las cosas se discutan donde se deban discutir. El Presupuesto 2025 es un muy buen ámbito y si no quieren que ese sea el ámbito y prefiere una ley, que de esa ley surja como se va a financiar el gasto que quieren ejecutar", completó Adorni.
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