El Gobierno suspendió a casi 8600 cooperativas
Además de las suspensiones, la administración de Javier Milei intimó a otras 7.887 a que regularicen su situación.
Tras un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello el Gobierno suspendió más de 8500 cooperativas por supuestas irregularidades e intimó a otras 7887 a regularizar sus papeles para no correr la misma suerte.
El Ministerio enumeró como principales irregularidades el aumento del 139% en el número de cooperativas registradas entre 2019 y 2023, el incumplimiento en la presentación de documentación obligatoria, como asambleas y balances contables y personas asociadas a múltiples cooperativas (hasta 14, en el caso más extremo), cuando el espíritu de estas organizaciones es que los asociados aporten su trabajo a una sola entidad.
Las cooperativas más afectadas por esta medidas son férreas opositoras a la gestión de Javier Milei. Entre ellas se encuentran organizaciones como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie. Las mismas crecieron mediante la implementación de programas que el Gobierno de Milei recortó y otrora habían sido impulsados por sus antecesores peronistas: Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar.
El Gobierno intimó a casi 7900 cooperativas
Asimismo, el Ministerio de Capital Humano intimó a unas 7.887 cooperativas a regularizar su situación presentando la documentación actualizada de su funcionamiento. En caso que no cumplan con este requisito, podrían perder su autorización para funcionar.
“Para todas aquellas entidades que no regularicen su situación en el correspondiente sumario, se procederá con el retiro de la autorización para funcionar”, advirtió el INAES.
Desde el INAES se observó que “el proceso de reordenamiento en cooperativas y mutuales no solo busca depurar un registro que, por años, se infló sin control, sino también restablecer la confianza en un sector que es fundamental para la economía social del país”. Los funcionarios consultados también destacaron que “el plan de acción del INAES continúa con el objetivo de recuperar la legalidad y transparencia en un sector que operó en la oscuridad y sin control”.
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