Estados Unidos quiere cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía para evitar sanciones a sus empresas
Las presiones diplomáticas apuntan a salvaguardar de sanciones a fondos de inversión, intermediarios financieros y proveedores que en estos momentos operan en las Islas Malvinas.
Una grieta inesperada entre Donald Trump y Javier Milei.
El gobierno de los Estados Unidos expresó una preocupación puntual que ya ocupa el centro de las conversaciones bilaterales: el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y su eventual impacto sobre compañías de ese país que operan directa o indirectamente en las Islas Malvinas.
Según fuentes diplomáticas de Washington, el gobierno de Donald Trump considera que la iniciativa que endurece sanciones contra empresas vinculadas a actividades en el Atlántico Sur, podría afectar a filiales, fondos de inversión, intermediarios financieros y proveedores con sede en territorio norteamericano.
De acuerdo a esas fuentes, desde la Casa Blanca señalaron que varias firmas ya recibieron notificaciones y advirtieron que la norma, de aprobarse tal y como está redactada, “podría generar una barrera comercial y complicar futuros proyectos de inversión”.
El reclamo de Washington: congelar o modificar el proyecto
En los últimos días se registraron intercambios reservados entre funcionarios de ambos países. De acuerdo con fuentes consultadas, la Casa Blanca transmitió dos alternativas para evitar un conflicto diplomático.
En principio, congelar el proyecto libertario y evitar que avance en el Congreso o, en el caso más probable, modificar su contenido, limitando el alcance de las sanciones para que las empresas estadounidenses queden excluidas.
En cualquier caso, ambas opciones implican costos políticos para el gobierno y, sobre todo, para Javier Milei, que lleva semanas asentando su alicaída “popularidad” con un discurso impensadamente malvinero.
Por esa razón, la inesperada presión estadounidense abrió un nuevo debate interno en el gobierno anarcocapitalista: algunos sectores cuestionan que no se haya evaluado el impacto del proyecto sobre un socio estratégico, mientras otros consideran necesario revisar la iniciativa para evitar fricciones con Washington.
Mientras tanto, pese a las declaraciones amenazantes de Trump, la posición oficial de Estados Unidos respecto de la soberanía de las Malvinas se mantiene sin cambios: neutralidad y ausencia de mediación para discutir bilateralmente el asunto.
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