Fabiola Yañez pidió frenar la declaración de dos exempleadas de la Quinta de Olivos
Fabiola Yáñez no había levantado la confidencialidad de las personas en la Quinta de Olivos.
La Fiscalía que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez suspendió las declaraciones de dos empleadas de la Quinta de Olivos. La decisión fue tomada a raíz de un planteo de la querella, que cuestionó la legalidad de los testimonios debido al "deber de confidencialidad" firmado por las trabajadoras al ingresar a la residencia presidencial. La defensa de Fernández había presentado a estas empleadas como testigos, pero la ex primera dama no las relevó de esa obligación, lo que provocó la controversia.
El fiscal federal Ramiro González resolvió citar al escribano que certificó las declaraciones privadas de cinco testigos propuestos por la defensa, cuyos testimonios fueron entregados en sobres cerrados a la Justicia. El escribano deberá comparecer ante la fiscalía para explicar cómo se elaboraron dichas actas.
Investigación sobre la confidencialidad
El cuestionamiento de la abogada de Yáñez, Mariana Gallego, gira en torno a si las declaraciones de las actuales y ex empleadas de Olivos podrían estar condicionadas por el acuerdo de confidencialidad que firmaron al comenzar a trabajar en la residencia presidencial.
De acuerdo con testigos que ya han declarado, Fernández habría relevado a las empleadas de ese deber, aunque esto no estaría formalmente registrado en la causa. Con el objetivo de esclarecer estos aspectos, el fiscal González abrió un expediente adicional para determinar los alcances de la confidencialidad y su relación con los testimonios.
Peritaje del teléfono de Fabiola Yáñez
Por otra parte, el teléfono celular de Fabiola Yáñez será sometido a peritaje en España el 8 de octubre. Este procedimiento, llevado a cabo por la fiscalía española, tiene como finalidad extraer y remitir la información contenida en el dispositivo a la Justicia argentina. La “copia forense” de los datos será enviada a la fiscalía de González para analizar los mensajes intercambiados entre Yáñez y Fernández, lo que podría aportar pruebas clave a la investigación.
El peritaje internacional fue autorizado tras la decisión de la Cámara Federal porteña de rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de Fernández. Los abogados del expresidente se oponían a que el análisis del dispositivo se realizara fuera del país, argumentando que debía efectuarse en territorio nacional para garantizar el debido proceso y evitar posibles manipulaciones de la evidencia.
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