Aunque su acceso es un derecho básico y universal, AySA cortará el agua a quienes tengan deudas
A días del inicio del verano, el gobierno de Javier Milei quiere cortarle el agua a 700 mil hogares que tienen deudas con AySA.
El gobierno de Javier Milei sigue ajustando la soga sobre el cuello de los sectores más postergados y ahora, a días del inicio de lo que se prevé uno de los veranos más calurosos en años, amenaza con dejar a más de 700 mil hogares sin agua.
La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), encargada de proveer de los servicios básicos de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la más populosa del país, anunció que cortará el suministro a quienes adeuden el pago de facturas.
La decisión puede no sorprender en tiempos de ajuste libertario cuando todo pasa a un segundo plano ante el altar del equilibrio fiscal sin embargo cortarle el agua a un hogar por falta de pago está prohibido por ley. Es que el acceso al agua es derecho básico y universal que está por encima al derecho a cobrar una deuda.
A pesar de ello el docente de Flacso e integrante del área de Infraestructura y Desarrollo Productivo del Instituto Argentina Grande, Hernán Herrera, advirtió en diálogo con Ámbito que el gobierno "viene implementando esta práctica en los últimos meses".
Según informó AySA hay unos 700 mil hogares (un 16% de la totalidad de quienes se encuentran bajo su control) con mora en sus pagos por ello comenzará a aplicar cortes en el suministro de agua para usuarios residenciales y no residenciales que registren hasta dos períodos consecutivos impagos de sus facturas.
Las primeras interrupciones se realizarían a los usuarios que registren deudas más abultadas. "Hay gente que no paga desde 2006", señalaron desde AySA. "El corte es una de las opciones que tiene la empresa para salir a hacer reclamo de deuda", asegurarn.
Según informó el Observatorio de Tarifas y Subsidios dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, desde el inicio de la gestión de Milei el servicio de agua y cloacas aumentó un 305%, es ecir que se cuadruplicó.
A ello se le debe añadir una suba del 189% del servicio de luz; otro 564% en las tarifas de gas y un 601% en las del transporte público de pasajeros.
Al mismo tempo los salarios aumentaron muy por debajo de la media de incremento de servicios. Es más, el porcentaje de ingresos que un trabajador destina actualmente a ese ítem está muy por encima del que le insumía el año pasado: mientras esa canasta costaba 28.651 pesos en diciembre, ahora está en 134.173 pesos, según informó el Observatorio de Tarifas y Subsidios.
Contra la ley
Si bien la empresa tiene la facultad para restringir o cortar el servicio por falta de pago de acuerdo al artículo 81° de su Marco Regulatorio, se aplica de manera diferente a los usuarios residenciales y no residenciales. Cabe destacar que, hasta el momento, no se hacía efectiva esa facultad, ya que el Estado comprendía que el agua es un recurso esencial para el funcionamiento de las industrias y comercios así como para los hogares. Sin embargo, el sesgo del gobierno de Milei hizo que tanto las compañías como el Estado tengan como premisa el equilibrio económico-financiero al momento de funcionar, algo similar a lo que pasa en la administración pública.
Así AySA sólo podría aplicar un "corte total" a los usuarios no residenciales, como comercios, industrias, bancos, etcétera. En tanto que, para el consumo residencial solo se puede aplicar una "restricción" al servicio, que es a través de la colocación de un precinto que limita la presión del agua.
Además, la normativa incluye excepciones específicas para instituciones sensibles, como hospitales, sanatorios, cárceles y usuarios con tarifa social. Asimismo, establece que no se les cortará el servicio a "toda persona que esté en un plan de regularización de deuda o tenga tarifa social y esté en un tratamiento de deuda".
AySA, en tanto, se encuentra en el listado de empresas públicas sujetas a privatización. Las opciones, hasta el momento, son la apertura del capital a la Bolsa o iniciar un proceso de licitación para vender una parte de las acciones en manos del Estado argentino, en lo posible, una gran parte para que el privado que obtenga la mayor participación en la compañía sea el nuevo controlador.
El Gobierno busca vender la empresa pese a que AySA ya dejó atrás el déficit operativo que solía tener y hasta tiene previsto finalizar el año con superávit cercano a los 100 mil millones de pesos, gracias al ajuste tarifario (del 305%) y el plan de regularización de deudas que se implementó.
"Más allá de la estacionalidad, los aumentos, que fueron del 230 al 300%, claramente están por arriba de inflación entre noviembre y noviembre. Con lo cual, que estén ahora forzando a la restricción de agua residencial cuando es un derecho humano, porque parte de la vida esencial, nos parece aberrante. En vez de generar una política de cuidado a los hogares que no la están pasando bien, lo que hacen es pensar solamente en los negocios y así no no se construye un país", advirtió Herrera.
El superávit de AySA se debe a la disparada de sus tarifas y al freno de nuevas obras. Desde el inicio de la gestión libertaria AySA no está sumando nuevos hogares a la vital red de agua y saneamiento, una de las claves para la prevención de enfermedades.
El Gobierno también dispuso el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el organismo que tenía por objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país.
La inversión del sector público nacional, si se observa la ejecución base caja en términos reales del acumulado de los primeros 10 meses de 2024 sobre el mismo período de 2023, muestra una caída de 78,2% en materia de agua y saneamiento, precisó.
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